Hoy se inicia en A Coruña el juicio de la mayor catástrofe ecológica de la historia reciente de España
A Coruña. (EUROPA PRESS).
El abogado del capitán del "Prestige" ha pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostoles Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente un "juicio justo".
En su intervención, el letrado, que rechaza la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió "dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos constitucionales" y la suspensión por el hecho de que se pida la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio.
En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno. Además, ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa "posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la documentación recogida en el barco.
Según fuentes de la Xunta, el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, ya se encontraba ayer en Galicia para sentarse hoy en el banquillo de Expocoruña, recinto que acogerá este proceso de grandes dimensiones, con 55 acusaciones, 70 letrados y 140 testigos. La posible ausencia de Mangouras causó inquietud hace unas semanas. Sólo hay tres acusados: él, el jefe de máquinas, el también griego Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. Un cuarto imputado, el oficial filipino Irineo Maloto, no fue localizado.
El Estado español reclama 2.200 millones de euros de indemnizaciones, pero las empresas que están detrás de Mangouras son en principio insolventes. Asimismo, la acusación de Nunca Máis reclama que, a través de Sors, el Estado sea declarado responsable. La mayoría de los afectados ya cobró, porque llegó a acuerdos con la Administración española que intentó infructuosamente que la empresa clasificadora, ABS, la que revisó el Prestige, fuese obligada en Estados Unidos a pagar la factura.
Enlazando con la noticia, nos parece de mucha actualidad el siguiente artículo:
UN PATRON IRRESPONSABILIDAD Ruiz Soroa y Juan Zamora.pdf (507 kB)
Fuentes:
EUROPA PRESS